La masacre perpetrada el sábado pasado por la fuerza aérea de Colombia en la localidad ecuatoriana de Santa Rosa, donde fueron muertos el dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Raúl Reyes y otros 18 efectivos de esa organización guerrillera, tiene una ominosa proyección regional, por cuanto con esa acción las autoridades de Bogotá han enviado un mensaje inequívoco a sus países vecinos: el gobierno del presidente Álvaro Uribe considera que tiene derecho a llevar más allá de sus fronteras la guerra que libra contra el grupo insurgente, independientemente de las consecuencias internacionales, e incluso tal vez para convertir la confrontación interna colombiana en un conflicto abierto con naciones limítrofes.
En efecto, los insurgentes colombianos, de acuerdo con datos disponibles, no fueron muertos en el curso de una persecución o de un combate, sino asesinados mientras dormían y se encontraban en territorio ecuatoriano. No es infrecuente que las organizaciones armadas irregulares y clandestinas transiten a conveniencia, y sin tapujos, a través de las líneas divisorias internacionales, como ocurría en el sudeste asiático, como sucede hoy en día con los combatientes kurdos de Anatolia y como ha pasado y seguirá pasando en tantos otros conflictos internos. En cambio, los gobiernos constituidos tienen la obligación de respetar el territorio de otras naciones, y las normas de convivencia internacional señalan con claridad maneras y procedimientos diplomáticos para enfrentar la presencia de disidentes armados allende sus fronteras, sin violentar la integridad territorial y la soberanía de otros países. No está de más recordar que el propio gobierno de Washington ha reconvenido al gobierno turco, uno de sus aliados más sólidos, por las incursiones militares que éste realiza en el Kurdistán iraquí.
El gobierno de Uribe, que conoce perfectamente las reglas mencionadas, cometió, con plena conciencia, una agresión armada contra su vecino del sur al bombardear el campamento guerrillero, y luego invadió el territorio de Ecuador para llevarse el cadáver de Reyes. En tal circunstancia, la expulsión del embajador colombiano en Quito, decidida anoche por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, está plenamente justificada; resulta comprensible, asimismo, la reacción de Venezuela –que comparte con Colombia una frontera mucho más extensa e igualmente permeable– de retirar a su personal diplomático de Bogotá y ordenar un despliegue militar a lo largo de la línea divisoria. Están por verse las reacciones oficiales de Perú y Brasil, los otros vecinos de Colombia, cuyos territorios pueden estar sujetos, también, a incursiones como la perpetrada en Ecuador.
Es poco probable, por otra parte, que las autoridades de Nariño hayan actuado con plena independencia al ordenar el ataque contra los guerrilleros en Santa Rosa. El presidente Correa habló de un bombardeo realizado “con tecnología de punta, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras”, lo que apunta, sin necesidad de mayores interpretaciones, a Estados Unidos. En efecto, la precisión y la puntualidad de la agresión permiten inferir la participación en ella de los servicios de inteligencia estadunidenses.
A juzgar por su comportamiento en Irak, donde se empecina en prolongar la ocupación militar a pesar de las evidencias de que ha perdido la guerra, el gobierno de George W. Bush parece empeñado en heredar a sus sucesores –demócratas o republicanos– un mundo incendiado. En esa lógica perversa, no sería extraño que la Casa Blanca alentara a Uribe para que éste, a su vez, hundiera a las regiones andina y amazónica en una escalada de provocaciones cuyo objetivo no sería precisamente la liquidación de las FARC, sino la creación de un contexto favorable a Estados Unidos para agredir bélicamente a Venezuela, Bolivia y Ecuador, países que, cada cual a su manera, han decidido ejercer a fondo su soberanía e independencia y se han colocado, con ello, en la mira de Washington.
